CONTUNDENTE RESOLUCIÓN DEL CONGRESO NACIONAL


El congreso de la nación en el día de hoy sábado 2 de enero de 2010 se pronunció en forma contundente contra el fallo de la corte que va en archivo adjunto a esta nota. El jueves nuestra presidenta, Lilian Samaniego, fue la primera en pronunciarse y se halla en el subsiguiente artículo en un doc adjunto. Le siguieron otros partidos. Esto obligó al poder ejecutivo a respaldar tal pronunciamiento dado que se cernía una tormenta sobre Lugo. Para la toma de tal decisión mucho influyó también la publicación en el diario LA NACIÓN de la sospechosa visita de PACOVA LESDESMA a la oficina del abogado de Bonifación Ríos unas horas antes de darse a conocer el aberrante fallo. Camacho dio a entender que había que estudiar la posibilidad de respetar el fallo pero finalmente tiró la toalla y accedió a que Lugo se echara atrás y apoyara al congreso. Ahora pesa la espada de Damocles sobre la cabeza de los ministros de la corte, consejo de la magistratura, jurado de ejuiciamientoy demás organos en el caso que reconozcan el fallo como válido. Nuestro congreso se plantó y con tal paso garantiza la marcha institucional de la república ante propósitos inconfesables de uno de los poderes del Estado. Seguidamente la resolución.

Texto Final

 

CONGRESO NACIONAL

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

 

QUE REPUDIA Y RECHAZA EL CONTENIDO Y LOS TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS Y SENTENCIAS NºS 951 Y 952 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2009.

 

 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

 

Artículo 1º.- La faculta de juzgar en juicio político a los funcionarios citados en el artículo 225 de la Constitución es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso Nacional; y el procedimiento a ser utilizado para el efecto, sólo puede ser determinado por este Poder del Estado. Así pues, las resoluciones adoptadas en consecuencia, no son justiciables.

 

Artículo 2º.- Los actos y disposiciones de cualquier autoridad que invadan la competencia constitucional mencionada en el artículo anterior, serán considerados como contrarios al sistema democrático establecido por la Constitución en sus artículos 1, 2 y 3 y, por lo tanto, se reputarán como nulos e inexistentes, en los términos del artículo 137 del mismo cuerpo normativo.

 

Articulo 3º.- Repudiar enérgicamente el contenido de los Acuerdos y Sentencias Nº 951 y 952, respectivamente, del 30 de diciembre de 2009, dictados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que pretende declarar la inconstitucionalidad de la destitución por vía del juicio político de los ex Ministros de la Corte Suprema de Justicia de los señores Bonifacio Rios Avalos y Carlos Fernández Gadea, resuelta para la Honorable Cámara de Senadores en el año 2003.

 

Articulo 4º.- Rechazar por ser nula de nulidad absoluta el contenido de dicha resolución por haber sido dictada en una evidente extralimitación de funciones por el Poder Judicial, de conformidad a lo establecido en el articulo 137, in fine, de nuestra Ley fundamental y conforme a lo que claramente dispone el artículo 225 y concordantes de la Constitución Nacional, que fijan como atribución exclusiva y excluyente del Congreso Nacional, la destitución por vía del juicio político de las autoridades citadas en el mencionado artículo.

 

Articulo 5º.- Advertir a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, al Congreso de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Poder Ejecutivo que, en caso de admitir la validez de la sentencia, incurrirán en causales de juicio político, además de las responsabilidades penales en las que incurrirán por actuar como cómplices de los firmantes de la sentencia mencionada.

 

Articulo 6º.- Instar a los representantes del Poder Legislativo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a solicitar los Acuerdos y Sentencias Nºs 951 y 952 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, del 30 de diciembre de 2009, a los efectos que tomen las medidas correspondientes al caso. Asimismo, enviar los antecedentes al Ministerio Publico para la investigación de la posible comisión de hechos punibles tipificados en la legislación penal por parte de los miembros.

 

Articulo 7º.- Hacer conocer a la comunidad internacional, a la Organización de Estados Americanos, al MERCOSUR, y al PARLASUR, el grave atentado contra el Estado de Derecho, perpetrado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y alertar a los mismos la delicada crisis desatada con motivo de esta aberración jurídica que pretende quebrar la institucionalidad de la Republica sustrayéndole al Congreso de la Nación Paraguaya la legitima atribución de controlar, en representación del Pueblo Paraguayo, en ejercicio del poder publico.

 

Articulo 8º.- Facultar al Presidente del Congreso a designar representantes ante los órganos judiciales, para lo que hubiere lugar en derecho, en adelante.

 

Articulo 9º.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One Response to CONTUNDENTE RESOLUCIÓN DEL CONGRESO NACIONAL

  1. Humberto Zaracho dice:

    Felicitamos con aplausos a los miembros del Congreso Nacional que adoptaron la histórica resolución. Además de versación en el campo jurídico han exhibido firmeza y valentía al defender: el Estado Social de Derecho, el sistema de gobierno democrático, el principio de la división de los Poderes del
    Estado, la soberanía ejercida por el pueblo a través de sus representantes electos democráticamente y el ordenamiento jurídico nacional previsto y garantizado por la Constitución Nacional.
    Quiero destacar, así mismo, que los Acuerdos y Sentencias Nº 951 y 952 son también nulos, de nulidad absoluta, porque fueron dictados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto cuerpo perdió jurisdicción y competencia en la acción de inconstitucionalidad a partir de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -constituida por la Covención Americana de DDHH como órgano autónomo de la OEA- se declaró competente al admitir entender en la denuncia formulada por los exministros Dres. Carlos Fernandez Gadea y Bonifacio Ríos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, ya la Corte Interamericana consideró agotado todos los procedimientos jurídicos y administrativos previstos desde el Art. 48º al 50º de la citada Convención. Por lo que todavía la Corte Interamericana continúa siendo el único órgano jurisdiccional competente para continuar entendiendo en el caso. Cabe recordar que el gobierno del Paraguay reconoció a la Corte Intermaericana de DDHH, como órgano jurisdicional supranacional al promulgar la Ley Nº 1/89. Por su parte el Art. 145º de la Constitución permite que nuetro país admita este y otros reconocimientos de órganos supranacionales, como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, ambas con sede en La Haya. Esto no significa menoscabo de nuestra soberanía jurídica ni política.
    En el hipotético caso que la Corte Suprema de Justicia decida reconocer como válida los Acuerdos y Sentencias citados, pondría a nuestro país en una situación de conflicto con la misma OEA, al dejar el precedente negativo de la doble jurisdicción, es decir, la posibilidad que dos órganos jurisdiccionales decidan en un mismo caso suscitado. La Asamblea de la OEA hasta podría aplicar alguna sanción a nuestro país por desconocer la jurisdicción o un eventual fallo de la Corte Interamericana desfavorable a los peticionantes. Esperemos que ninguno de estos hechos ocurra y que nuestro país continúe respetando los tratados y acuerdos internacionales, tal como lo prescriben la Constitución Nacional y el principio internacional Pacta Sunt Servanda.
    Finalmente felicito a nuestra Presidente de la Junta de Gobierno Lilian Samaniego por la declaración emitida, siendo la primera autoridad máxima de un partido político en hacer pública su condena a tamaña aberración jurídica y al hecho que socava la institucionalidad de la República.

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