A LA “COMBATIENTE” ZURDA DOMESTICA


Las neo izquierdas fanfarronas y provocativas preñadas en Sudamérica por el presidente venezolano Hugo Chaves y vitoreada por sus gregarios de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, cuentan a escala local con aprovechados discípulos empotrados en círculos áulicos del poder Ejecutivo, en el Congreso, en microscópicas asociaciones políticas y, principalmente, en la clandestinidad, desde donde planean y ejecutan sus actos patibularios dirigidos a sembrar el terror en la población, desplomar el sistema ecuménicamente consensuado de coexistencia y, por sobretodo, recaudar fondos con saña homicida.

 Por Cándido Silva

 Específicamente a estos últimos, los extremistas, aquellos artesanos del crimen, y de rebote (por si acaso), a los primeros, los que se conducen con el ropaje de la legalidad, vayan estas breves, elementales y megaconocidas nociones distintivas del bípedo dotado de raciocinio.

El Estado Social de Derecho es la consumación del legítimo anhelo del hombre civilizado de vivir sino en perfecta armonía por lo menos en paz con sus semejantes, en un clima de respeto recíproco y seguridad para sí mismo, los suyos y pertenencias materiales.

De esa premisa se infiere que el Estado Social de Derecho constituye la “organización jurídica de una nación soberana, en la que las leyes regulan la convivencia de las personas, instituyendo los derechos, deberes y garantías”.

A los efectos de vitalizar el Estado Social de Derecho, el ciudadano mandante, propietario del poder supremo, la “voluntad popular”, ejerce su preeminencia a través del voto libre y secreto, instrumento mediante el cual elige a los mandatarios de su preferencia, quienes investidos de autoridad legal en virtud del sufragio, favorecerán con su gestión la consigna del elector, siempre que ella no entrañe transgresiones a las legislaciones vigentes.

A estos mandatarios se les confiere la responsabilidad de la administración de la cosa pública con el título de “Gobierno”, el que invariablemente se compone de tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que interactúan y ajustan sus desempeños mirando las respectivas Cartas Fundamentales.

Sin discriminar la denominación formal de cada Gobierno en particular, que puede ser Monárquico, Presidencialista o Parlamentarista, lo real es que la custodia del derecho a la vida de la persona humana –sujeto del derecho-, es el objetivo primordial del Estado y hacia esa dirección deben enfilar las autoridades, disponiendo en consecuencia los medios solventes que protejan al individuo en su integridad física y mental, como igualmente en su honor y reputación.

Decía Aristóteles en su monumental obra, “La Política”, que el Estado no existe solamente por razones de espacio ni en función del control de la justicia: su fin último y principal es la vida feliz y virtuosa.

Y acotaba que “el buen ciudadano tiene el derecho de deliberar, juzgar y ejercer el mando lícito, más también la obligación de obedecer cuando fuese necesario”, sentenciando que los hombres deben ser gobernados por leyes justas y sabias, pues éstas carecen de pasiones, contrariamente a aquéllos, que dominados por las emociones peculiares de su esencia, bien podrían con actitudes irreflexivas dañar a sus  homólogos, cuando no a sí mismos y por extensión a todo el tejido social.

El insigne filósofo Jean Jacques Rousseau, en su legado cumbre, “El Contrato Social”, enseña que la transición del estado natural al estado civil produce en el hombre una transformación muy notable, ya que renuncia a su libertad original y al derecho ilimitado a todo cuanto desee y pueda alcanzar, ganando, en cambio, la libertad civil y la propiedad de lo que posee.

Como corolario, se sustituye el caos por el orden; el instinto primitivo por el raciocinio; el ímpetu sensorial por la templanza, y el arrebato físico por las conductas inteligentes derivadas de la obediencia compulsiva de las leyes.

En ese nuevo ordenamiento, que persiste hoy, con las mejoras arrancadas de la experiencia y las innovaciones aplicadas de frente a los retos de cada época, los talentos se desarrollan; las ideas afloran; se fortalece la noción de comunidad y los sentimientos se ennoblecen, en otros palabras, el hombre aprende a vivir en sociedad, a ceder en beneficio de la colectividad para que ésta le retribuya en similar sentido.

Es fundado suponer que el magisterio de estos inmortales pensadores fueron aprovechados por lúcidos intérpretes de la jurisprudencia, por los doctrinarios del derecho, para que en consulta con otros aportes de no menor valía, enunciaran la teoría del Estado Social de Derecho, síntesis exacta e infalible que de forma y fondo, y con visión de águila, rige con ecuanimidad la convivencia humana, castigando a los delincuentes, marginando a los inadaptados e indeseables, regenerando a los infractores, promoviendo acciones que reduzcan o neutralicen las desventajas de los menos afortunados y  sancionando lineamientos que instauren la igualdad de oportunidades.

Concluyendo, aquella nación, país, reino o territorio poblado que no conociere, rechazare, no aceptare o adoptare el Estado Social de Derecho como expresión máxima de su estructura jurídica, será una mera aglomeración humana anárquica, un gentío informe, de contramano con la historia, aislada de la modernidad y ajena a la política  integradora de los pueblos civilizados.

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