LA JUSTICIA ES A VECES TARDÍA PERO LLEGA


El lector podrá comprobar las falacias difundidas contra el ex presidente Luís Angel González Macchi quien fuera condenado por enriquecimiento ilícito a ocho años de prisión por un tribunal  cuya sentencia fue más tarde anulada. De la venta de una fracción de campo realizada por el finado y bien recordado profesor Don Saúl González para distribuir herencia adelantada a sus hijos, los muy pícaros, pretendieron inventar un cuento chino asociando la operación al negocio de la quiniela, pero cuyo telón finalmente cayó y los hace responsables de abonar las costas del juicio de su propio peculio así como los señores fiscales y no el Estado paraguayo. Estos crápulas son siempre apoyados por cierta prensa a quienes les proporcionan información tendenciosa para llenar con títulos de terror sus páginas y así ganar dinero a costa de reputaciones ajenas. Cualesquiera sean los resarcimientos jamás podrán pagar el dolor causado injustamente a un hombre que nunca hizo daño a nadie ni cometió los delitos que en su momento se le atribuyeron saliendo vencedor tanto en su juicio político en el congreso como ante la justicia ordinaria. Este fue el último capítulo de la opereta montada. 

 Por Osvaldo Bergonzi

 1. Se le acusó por Enriquecimiento Ilícito invocando un inciso del Decreto N° 448/40 de José Félix Estigarribia que para entonces ya estaba derogado. Solo un zopenco puede hacer algo así. Contra esa acusación la defensa planteó Y GANÓ una excepción de inconstitucionalidad por la cual se le obligaba a acusar -si correspondía- por la nueva ley especial que ya entró en vigencia. Todo ese tiempo que la causa mal planteada estuvo en la corte, se podía haber evitado, si el fiscal RENE FERNANDEZ acusaba correctamente.

 2. En el juicio y a pesar del fallo de la Corte, la fiscalía insistió con que debía ser aplicado el decreto derogado y no la nueva Ley (porque quería incluirles a Susana Galli y a RDD en el esquema delictivo, pues por la nueva ley no los podía incluir). El tribunal de sentencia le colocó el bonete y le rechazó su calificación por improcedente, y sobre todo, porque la Corte ya lo había decretado, y en esta misma causa.

3. Al perder por el sobreseimiento de RDD y Susana Galli por este motivo (causado por el portador del bonete), apela la sentencia y apela MAL. Planteó una apelación general cuando tenía que ser ESPECIAL porque el código así lo dice.

4. La cámara le declara inadmisible su recurso -porque apeló MAL-. Todo ese tiempo de la incorrecta apelación también se podía acortar si el portador del bonete apelaba bien. Es más, si acusaba bien, no iba tener razón para apelar.

5. Contra esa decisión de la cámara también se recurre en casación cuando que fue el portador del enorme bonete quien se causó el agravio a si mismo al haber apelado MAL.

6. Los portadores del bonete imputaron y ampliaron la imputación en 2 oportunidades, pero en el juicio oral YA SE LES EXTINGUIÓ la causa (19 de noviembre de 2006). Se allanaron a esa extinción, es decir, reconocieron que se les vino encima el plazo para condenar. ¿Será que los portadores del bonete esperaban tener como plazo la próxima llegada del cometa Halley?

7. Antes del juicio ellos RECUSARON a uno de los miembros, BLANCA GOROSTIAGA (esta recusación también generó retardos para la integración del tribunal y lógicamente para el inicio del juicio) a sabiendas que llegaba la fecha de la extinción. 

8.  ELLOS podían haber separado las imputaciones y no se les iba a extinguir las causas. El tiempo entre la 2ª imputación (abril de 2004) y la 3ª (octubre de 2004) podía haberse recortado y usado para cerrar la causa sin peligro de extinción, pero los portadores del bonete … obstinados y cerrados que no ven más allá de sus narices siguieron con su esquema de querer llevar todo por delante a pesar de la ley.

 9. Es mas, la tercera imputación se les rechazo por PREJUDICIALIDAD porque también ACUSARON MAL. Dijeron que la adjudicación de la quiniela a RDD se hizo antijuridicamente (para calificar como COHECHO AGRAVADO) y se demostró que en todas las instancias en lo contencioso administrativo -la CORTE inclusive- que la licitación y la adjudicación de la quiniela en el año 1999 se realizó conforme a la LEY.

Por último, los hombres del bonete, para quedar bien con cierta prensa no pueden ahora alegar alegremente que las “chicanas” de los abogados defensores crearon la extinción de esta causa, pues como se ve … ellos mismos fueron generando su “crónica de una muerte anunciada” con sus errores y peticiones incorrectas. Para los portadores del bonete  ALEA JACTA EST. Deben pagar las costas o ser destituidos.

LA POSICIÓN DE LA DEFENSA

A continuación transcribimos la posición de la defensa con relación al caso en que fue sobreseído el ex Presidente de la república Don Luis Ángel González Macchi.

En la causa en cuestión, se planteó una casación bastante compleja por parte de los agentes fiscales intervinientes, no solo en cuanto a que fue dirigida contra diferentes resoluciones jurisdiccionales que afectan a distintos imputados; sino también en cuanto a las distintas peticiones y sus fundamentos, por lo cual, para afrontarlas con claridad responderemos las siguientes preguntas de subsunción: A) Respecto a la Casación contra la decisión del Tribunal de Apelaciones de “extinguir la acción penal en la causa N° 9.961/2002 y en consecuencia SOBRESEER DEFINITIVAMENTE al señor LUIS ANGEL GONZÁLEZ MACCHI”: 1. ¿Cuál es la fecha en la cual debe empezar a computarse el plazo de duración máxima de este proceso? 2. ¿es posible entender que una ampliación de la imputación impone un plazo diferente en cuanto a la posterior imputación?, y 3. ¿es aplicable la Ley N° 2.341/03 al caso? (llamada Ley Camacho).

1: Revisando los antecedentes del caso se coteja que Luis Angel González Macchi fue imputado por la fiscalía por Requerimiento N° 46 de fecha 14 de Noviembre de 2003, recibido en el Juzgado Penal de Garantías el 17 del mismo mes y notificado al imputado en fecha 19 de Noviembre de 2003. Así, más allá de la numerosa jurisprudencia aplicable, el fallo líder en cuanto al primer acto del proceso y que guía el criterio dominante es el establecido en el Acuerdo y Sentencia N° 1.322 del 24 de Septiembre de 2004, según el cual el plazo de duración máxima de un proceso penal empieza a computarse –desde aquél fallo y en adelante- a partir de la notificación del Acta de Imputación. Desde tal momento procesal (notificación de la imputación efectuada el 19-XI-2003) debe iniciarse el cómputo de tres años para saber si la acción penal persistía o ya había caducado al tiempo de la sentencia de condena. Verificando tal acto en discusión, se constata que el juicio concluyó con la S.D. N° 399 del 4 de Diciembre de 2006, por ello, habiéndose dictado la condena luego de que ya haya transcurrido el plazo de tres (3) años dispuesto en el Art. 136 del C.P.P., se deben aplicar los efectos regulados en el Art. 137 del mismo cuerpo legal; según el cual “vencido el plazo … el Tribunal, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.

2. Un criterio distinto al sostenido más arriba, señalaría que habiendo existido más de una imputación, cada una de estas imputaciones darían pie a diferentes plazos de duración del proceso respecto al imputado. Esta posición no es la correcta, pues es opinión doctrinaria univoca que “el proceso es, en sí mismo, una unidad –no fraccionable en actos particulares-, dotada de un cierto sentido de política criminal. El proceso es regido por la ley procesal como un todo, puesto que consiste en un conjunto de actos encadenados que confluyen hacia el juicio y giran alrededor de él. La idea sustancial del juicio previo … le otorga al conjunto de actos anteriores y posteriores al juicio –que son los que conforman la totalidad del proceso penal- una unidad de sentido político-criminal que no puede ser alterada por la ley procesal nueva. … La ley procesal penal es irretroactiva cuando altera el sentido político-criminal del proceso penal. … Si consideramos al proceso penal como una unidad de sentido político-criminal, lo que debe prevalecer es, precisamente, ese sentido plasmado con anterioridad al hecho que funda ese proceso”.

Profundizando el tema encontramos una decisión del máximo Tribunal de la República, por sí misma, es aleccionadora a este respecto, pues en el Expediente “RECURSO DE REVISIÓN en los autos BERNABE ROTELA S/ Homicidio Culposo y Otro” se dictó el Ac. y S. N° 1.539 del 19 de Diciembre de 2006, en el cual, se resolvió Hacer Lugar al Recurso de Revisión; y Declarar extinguida la causa juzgada sobre homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre. En dicha causa, el ciudadano fue condenado por ambos delitos en 1ª instancia, confirmada la condena en alzada, y rechazado el Recurso de Casación interpuesto. Posteriormente, ante el Recurso de Revisión planteado por la defensa, la Sala Penal resolvió extinguir la causa considerando que el condenado había sido imputado en fecha 16 de Mayo de 2001 por el hecho punible de homicidio culposo (Acta de Imputación n° 13) y que el encausado se dio por notificado el 18 de Mayo de 2001; posteriormente, la imputación fue ampliada en fecha 02 de Noviembre de 2001 por el hecho punible de Exposición al Peligro en el Tránsito terrestre, y que por consiguiente el fallo cuestionado había recaído en tiempo y forma extemporáneo. Al respecto, más allá de que en ésta causa hubo una declaración de rebeldía que fue entendida como meramente suspensiva del plazo máximo de duración del proceso, lo importante es que se tomó en consideración como único acto o momento procesal para dar inicio al cómputo de duración del proceso a la 1ª Imputación, y a partir de ella, se inició el cómputo y que en definitiva se entendió que ya ha había transcurrido el plazo máximo; y que de haberse considerado la 2ª Imputación, la causa no se habría extinguido.

3: Por último, la reforma del Art. 136 del C.P.P. (Ley N° 1286/98) impuesta por la Ley N° 2341/03 (Ley Camacho) no es aplicable al caso. Esta cuestión ya ha sido discutida ampliamente y quedó expuesto en un fallo plenario unánime de la Corte Suprema, en el cual, prácticamente todos los ministros expusieron su posición. La resolución en cuestión es otro “fallo líder” de nuestra jurisprudencia y fue resuelto en el Expediente “RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN en los autos “M. P. c/ EDWARD FREDERICH ARMAS GODOY s/ H.P. en el ejercicio de sus funciones públicas”. Esta decisión fue ratificada posteriormente en numerosos fallos en igual sentido.

Por la otra parte, en cuanto a B) la Casación contra las decisiones de 1ª y 2ª instancia respecto a la resolución definitiva de SOBRESEER DEFINITIVAMENTE a los acusados SUSANA DEL PILAR GALLI ROMAÑACH y REINALDO DOMINGUEZ DIBB, igualmente corresponde contestar la siguiente pregunta de subsunción: ¿existen violaciones al debido proceso en las resoluciones cuestionadas con base a errores in procedendo que permitan anular tales decisiones?

No le es posible a la máxima instancia judicial adentrarse al estudio de eventuales errores in iudicando de las sentencias recurridas en casación, salvo groseras interpretaciones de la ley aplicable que tornen arbitrarias las decisiones tomadas. Cuestión que analizada a cabalidad, no se encuentra en ninguna de las resoluciones impugnadas; por lo que nada más resta analizar si el supuesto error in procedendo en que incurrieron los miembros del tribunal de alzada al declarar inadmisible el Recurso de Apelación General interpuesto contra la S.D. N° 399 es de tal agravio que permitiría retrotraer el proceso a instancias anteriores, en contra de los intereses de los acusados. Nuestra posición garantista es que esto es improcedente, y agregamos que cualquiera de las posibles soluciones (cancelación definitiva de la persecución o el regreso a los comienzos) conculcará derechos individuales de acusadores o acusados, según el caso. Por ello, debemos considerar al caso desde otras perspectivas que también tienen que ver con el Principio del “Plazo Razonable”, ya expuesto. Gran acierto de la decisión de alzada en lo que al problema de la excesiva duración del proceso penal se refiere: el daño ocasionado por el transcurso del tiempo y la influencia negativa que la pretensión de anulación del juicio ejercerá sobre el “eventual” segundo juicio, elementalmente agravia más a los acusados que a los acusadores; y en tal sentido, tal posición sería violatoria del Art. 14 incs. 5° y 7° del P.I.D.C.P. de la ONU, que Paraguay se obligó a respetar con su ratificación.

El eminente procesalista argentino Alejandro Carrió entiende que todo imputado tiene un derecho constitucional a que su proceso avance y que, si por la razón que fuere, no atribuible al acusado, se ha dado causa a una nulidad, los tribunales están inhibidos de retrotraer el proceso a una etapa ya precluida. Hacerlo –concluye-, no sólo sería violatorio del derecho a un pronunciamiento penal rápido, sino además del principio de la inadmisibilidad del doble juzgamiento. En Nulidad, proceso penal y doble juzgamiento. En LA LEY, 1990, pág. 479 y ss.

Por otra parte, ya en nuestra contestación a la casación decíamos: “Esta defensa técnica no quiere dejar pasar la oportunidad de acotar que los fiscales impugnantes han generado ellos mismos el supuesto agravio que alegan se les ocasiono; puesto que, de las constancias en autos se puede cotejar que al momento de la audiencia preliminar, donde los fiscales debían haber asegurado su posición jurídica respecto de los tipos penales acusados, ya se encontraba vigente la ley especial N° 2523/04 que expresamente derogaba al decreto 448/40, y sin embargo, ni en ese momento –sustanciación de la audiencia preliminar- ni posteriormente en el juicio oral -como incidente previo, como alegato inicial, o de clausura- estos fiscales, “crema y nata” del Ministerio Público, han solicitado el cambio de calificación de los hechos acusados, incluso a pesar de la expresa inconstitucionalidad decretada por la máxima instancia judicial respecto a la norma que ellos tozudamente se mantenían en sostener. Por ello, mal pueden hoy sentirse agraviados de que no se les haya admitido un recurso incorrectamente planteado por su indudable antinormatividad –el haber planteado una apelación general, cuando lo que correspondía jurídicamente era la apelación especial- , para que se les permita corregir lo que incomprensiblemente mantuvieron durante todo el procedimiento ordinario de esta causa: una acusación basada en normas derogadas.

Por todas estas afirmaciones, sostenemos que es correcta la confirmación del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de mi representado.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: