LA FREGONA DEL PRESUPUESTO PARTIDARIO


En la Convención Extraordinaria del día sábado 5 de diciembre venidero, se analizará la modificación de varios artículos del Estatuto Partidario de la ANR, entre los que se cuenta el 129º y concordantes relativo a las exigencias, limitaciones, calidades e incompatibilidades contempladas para ocupar la dignidad de miembro del Tribunal de Conducta. Como los correligionarios bien lo sabrán, el Tribunal de Conducta es el órgano responsable de juzgar la conducta política de los afiliados conforme a las pautas establecidas en el Código de Ética.

 Por Cándido Silva

 Será de trascendental importancia que en oportunidad de la magna asamblea se revele a los convencionales y al pueblo colorado de la República, que el Tribunal de Conducta ha venido desplegando su delicada misión partidaria dentro una angustiante orfandad presupuestaria, lo que en términos más sencillos significa ausencia completa de fondos para sufragar los gastos  emergentes de su cometido.

Me refiero más específicamente a los dos mandatos últimos, presididos por los doctores Osvaldo Bergonzi y Julio César Rojas, respectivamente, personalidades con las que tuve la honra de cooperar muy de cerca ejerciendo el cargo de Secretario Ejecutivo, más extensamente con el primero de los nombrados.

Mientras que al Tribunal Electoral no se le ha escatimado nunca recursos suficientes para la cabal observancia de su compromiso partidario, a su par, el Tribunal de Conducta, se le dispensó un trato discordante caracterizado por la más absoluta displicencia de parte de la Junta de Gobierno en cuanto a desembolsos para costear su funcionamiento, excepto la cesión de un espacio físico para las reuniones del Plenario, estancia que a la vez era utilizada para las tareas administrativas.

Numerosos juicios incoados por presuntas infracciones contra lo estipulado en el Estatuto Partidario y el Código de Ética, o por desacatos a las resoluciones de las autoridades partidarias, permanecieron varados en la fase preliminar, no pudiendo salvar la etapa de la instrucción de sumario, justamente por la carencia total de medios para cumplimentar con las restantes diligencias de la burocracia tribunalicia, pese a la excelente disposición de ánimo de los jueces partidarios, que estoicamente aguardaban eco propicio a sus constantes reclamos presupuestarios.

Hubo momentos, particularmente en periodos pos electorales, en que arreciaban las acusaciones documentadas de inconductas partidarias, mas un altísimo porcentaje de las denuncias acercadas a la Secretaría del Tribunal quedaban paralizadas en la fase preparatoria, sin poder dictarse sentencias, debido a la causal de marras: ni un mezquino guaraní para  movilizar la diversidad de papeleos jurídicos.

Como es lógico suponer, los denunciantes demandaban respuestas a los magistrados del Partido, y no venía al caso que éstos arguyeran que la privación de oxígeno económico frenaba sus actuaciones, antes bien alegaban, para ganar tiempo, que las pruebas arrimadas debían ser examinadas escrupulosamente, con puntual minuciosidad (lo que no contradice la verosimilitud de los hechos), de forma a que los fallos protejan la institucionalidad partidaria, sancionando o absolviendo a los supuestos transgresores.

No pocos afiliados, al exteriorizar con irritación (¡y con razón!) sus protestas por la “lentitud” de la marcha de los procesos, aseveraban que muchos de los denunciados eran poderosos o influyentes correligionarios, motivo de peso por el cual, según ellos, los miembros del Tribunal o se desentendían o aplazaban indefinidamente la toma de providencias.

La hipotética renuencia a juzgar a los poderosos o influyentes correligionarios tal vez responda muy aisladamente a la realidad, puesto que la verdad del estado cuasi vegetativo del Tribunal de Conducta habrá que buscarla y a la par encontrarla en su pobreza monástica, consecuencia de su forzado divorcio de las partidas presupuestarias distribuidas anualmente por la Junta de Gobierno.

Es cierto, y me consta, que decenas y decenas de afiliados en virtud de las evidencias aproximadas, ameritaban, a prima facie, ser penados algunos con apercibimiento; otros con suspensión, y los restantes con la expulsión de los registros y padrones partidarios, pero la exasperante cotidianeidad del día a día, la contundencia del statu quo supeditaba, ¿y sigue supeditando?, la eficiencia del Tribunal de Conducta al aspecto  meramente pecuniario.

Y a despecho de tantos desaires presupuestarios, no obstante se han adoptado resoluciones de cuantía, especialmente en casos en que se hallaba directamente en juego la majestad de la institución partidaria.

Desde esta columna, se sugiere a los señores delegados convencionales a que en ocasión de la reunión del supremo plenario republicano, se corrijan los desperfectos señalados, potenciando y confiriendo superior jerarquía al rol del Tribunal de Conducta (entiéndase en metálico), de modo a que la entidad se despoje de sus vestiduras de cenicienta del Partido Colorado.

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