NOTA EDITORIAL


AL PUEBLO COLORADO ¡SALUD!

LOS PODERES DEL ESTADO DEBEN FUNCIONAR CON TODOS SUS INTEGRANTES

En la nota editorial de nuestra edición anterior anunciamos el rechazo del acuerdo del poder ejecutivo para el nombramiento de un nuevo ministro de la corte suprema de justicia con lo cuál la teoría del conflicto queda firme. El conflicto entre ricos y pobres, el conflicto con el congreso, representante de la clase burguesa según el presidente de la república, y él, erigido en el salvador del pueblo, el conflicto de interpretación respecto de lo que significa la democracia representativa y la participativa. Con relación a esto último el propio secretario general de la presidencia confesó ante los medios de comunicación que el gobierno no tiene un mecanismo definido para poner en andamiento la democracia representativa y que para ello debe surgir de un acuerdo. Pero he aquí que el congreso propone un acuerdo de gobernabilidad y el presidente se niega a suscribirlo. El conflicto debe proseguir su marcha, adquirir suficiente presión y explotar en un momento dado con resultado incierto. Todos sabemos quien fue a mediados del siglo XIX el precursor de la teoría del conflicto para cambiar el orden de cosas pero por alguna extraña paradoja nadie dice su nombre. Y cuando alguien se atreve a identificarlo al personaje ciertos sectores se lanzan contra el osado como avispas embravecida.
Respecto al rechazo del acuerdo surgen diversas interpretaciones debido a que nuestros convencionales no previeron esta hipótesis colocando a este conflicto en lo que se conoce en derecho como REENVÍO. Para no complicar a nuestros lectores podemos decir que el REENVÍO es igual a un partido de ping pong donde los contendores siempre responden y la pelota salta de un campo a otro en forma constante e interminable. La ley le pone fin con diversos mecanismos. Pero en este caso no se trata de una confrontación de jurisdicción o competencia entre un juzgado con otro juzgado u otro organismo jurisdiccional sino nada menos que el presidente de la república con el senado de la nación. Hay pues una laguna constitucional que hay que salvar.
Algunos dicen que hay que elegir nueva terna. Otros, que puede volverse a enviar la misma dado que el consejo de la magistratura ya se pronunció e hizo cosa juzgada. Hay quien iguala este caso con los acuerdos no prestados por el senado para la designación de embajadores o ascensos de militares y policías. Ante el vació, la cuestión se vuelve opinable según ciertos leguleyos con lo cual se relativiza a la ley. Si algo es relativo en uno u otro sentido según como se interprete, lo falso y lo verdadero se equivalen, es decir, ambos se vuelven la misma cosa a la vez. Un absurdo. Bien sabemos que todos los casos que se juzgan finalizan con una sentencia ejecutoriada convertida en una verdad jurídica palpitante que hace cosa juzgada y pone fin a un conflicto, de manera que, la primera fuente del derecho (la ley) no es relativa como algunos pretenden. El derecho provine de la voz latina DIRECTUM. Tiene un solo sentido. Nunca puede tener dos sentidos a la vez.
En nuestro caso se puede carecer de un embajador, pero si disponer de un jefe de misión por algunos años y el país no se va a paralizar por eso. Si un general de brigada no asciende a general de división el país no va a sufrir consecuencia alguna. Pero si se puede paralizar si no se cubren los cargos de ministros de la corte como manda
imperativamente nuestra carta magna cuando expresa que se conforma con nueve miembros. Se trata de un instituto republicano con funciones de poder, el de interpretar las leyes y juzgar los casos sometidos a su jurisdicción y competencia.
Ante la laguna debemos leer nuestra CN y observar que la integración de la corte suprema de justicia es un mandato imperativo. Y eso se halla por encima de cualquier laguna jurídica. Siempre se debe interpretar la ley en su buen sentido y no andar buscando atajos. A nuestro criterio la corte, por ser parte interesada, no se halla comprendida constitucionalmente para resolver este caso ni menos el presidente Lugo en su carácter de simple administrador del país. Este caso lo debe resolver única y exclusivamente el congreso. Debe reunirse y establecer el procedimiento invocando el mandato imperativo de nuestra carta magna respetando principios del derecho público como sancionar una ley reglamentaria para esta laguna legal y vencer al posible veto presidencial con lo cual se resolvería el caso
rápidamente. La promulgación puede ser ficta en caso que el ejecutivo no firme, una vez transcurrido el tiempo previsto en la CN. Se puede tratar rápidamente sobre tablas en ambas cámaras. De ninguna manera puede quedar al capricho de una sola persona el funcionamiento de uno de los poderes del Estado pues configuraría una violación de la CN, causal clara para el enjuiciamiento político del presidente de la república.

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