Ante LAS INVASIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA que violan el Artículo 109 de la Constitución, los Foros y el Tribunal Ético reunidos, han decidido emitir esta declaración:
1. El conflicto producido por los llamados carperos contra los productores agrícolas de la zona de Ñacunday, Departamento de Alto Paraná, constituye una maquinación de una táctica y estrategia para traer la violencia y el caos en el país, como camino para implantar un régimen político totalitario, fracasado en todo el mundo.
2. La mensura y deslinde de cualquier propiedad dentro de la zona de seguridad fronteriza, es de competencia exclusiva del Poder Judicial. La acción del Poder Ejecutivo contra los productores del campo, que están aportando con su trabajo una gran riqueza al país hiere mortalmente a su economía. Este es el paso para crear un estado de conmoción y convulsión social con el fin de que el actual Presidente Fernando Lugo continúe en el poder el 15 de agosto 2013, como Hugo Chávez en Venezuela, al amparo del Protocolo de Montevideo Ushuaia II.
3. El Presidente de la Republica no está exento de responsabilidad, y esta es extremadamente mayor cuando dirige la administración general del país y el manejo de las relaciones exteriores de la Republica. Debe investigarse no solo la responsabilidad penal que pueda afectar a los autores y cómplices de los hechos delictuosos y a las autoridades militares de grado inferior, sino tambien la responsabilidad política que se está intentando encubrir. El Fiscal General del Estado, debe personalmente asumir su obligación, indelegable, de hacer respetar los derechos y las garantías constitucionales que están siendo avasallados, ante los tribunales. La responsabilidad política incumbe al Presidente de la Republica y a los Ministros del Interior y de Defensa Nacional, y la penal a las autoridades subalternas que, aunque indebidamente, solo han cumplido órdenes inconstitucionales e ilícitas, de sus superiores jerárquicos.
4. Cuando la violación de la Constitución, es manifiesta y deliberada, y se perpetra desde la más alta jerarquía del Estado, produce un quiebre del Estado de Derecho. Un Jefe de Estado o de Gobierno debe ejercer el poder, ajustado a su competencia y limitación jurídico-constitucional, pues de lo contrario es un vulgar usurpador- cuyos actos carecen de validez.
5. Las Cámaras de Senadores y de Diputados, en la brevedad posible, sin demora, deben pronunciarse sobre esta violencia inaudita dirigida a someter a los paraguayos a una forma de vida de desorden y de pobreza extrema, y dejar bien sentado la postura de los representantes del Pueblo, obligados a la defensa del bien común y de los derechos y garantías fundamentales consagrados por la Constitución.
