Al margen de cualquier consideración jurídica en torno a la legalidad o no de una convocatoria a consulta popular para dimensionar o valorar la gestión de los cuerpos colegiados componentes del Poder Legislativo, lo real es que la pretensión en ciernes de enjuiciar al Congreso de la Nación a través del voto ciudadano, es una aventura política extremadamente peligrosa que ocultaría propósitos inconfesables.
Por Cándido Silva
Al margen de cualquier consideración jurídica en torno a la legalidad o no de una convocatoria a consulta popular para dimensionar o valorar la gestión de los cuerpos colegiados componentes del Poder Legislativo, lo real es que la pretensión en ciernes de enjuiciar al Congreso de la Nación a través del voto ciudadano, es una aventura política extremadamente peligrosa que ocultaría propósitos inconfesables.
Y entre esos propósitos inconfesables bien podría hallarse la disolución de ese poder del Estado o su estigmatización por la sociedad sufragante, y hasta su proscripción de la escena constitucional, lo que entrañaría, en el remoto caso de materializarse, el apuñalamiento de la democracia representativa que impera en el país, que herida de muerte, y tras una penosa agonía, expiraría a manos de su sanguinario verdugo: la tiranía.
Ocurre que algunos de los influyentes miembros del Ejecutivo rumian con ligereza a viva voz la contingencia de desembarazarse del “mortificante” Legislativo, arguyendo que senadores y diputados desdeñan las aspiraciones y mandatos populares al rechazar determinados proyectos de leyes patrocinados por el poder administrador de la República o al aprobar otros que contrastan visiblemente con el programa de gobierno del Presidente Fernando Lugo.
Pero hechos de esta naturaleza son de rutina en el juego político de los regímenes democráticos, muy particularmente cuando el gobierno central carece de una mayoría parlamentaria estable, circunstancia compleja que demanda destreza, maña y aptitud para concertar o desbaratar alianzas, según el caso, herramientas extrañas al primer mandatario que del oficio político sabe tanto como de cosmografía o física nuclear.
Entonces que mejor antídoto para la supuesta toxicidad legislativa que persuadir a la población vía recursos propagandísticos de la condición deletérea del Congreso, instándola a que en un hipotético referéndum lo crucifiquen con la repulsa y abran así las puertas a una futura liquidación de ese poder, sin los aparejos de la legalidad pero amparados por una consulta popular resuelta a la medida de los fiadores.
Aquí no se trata de individualizar y sancionar a la canalla culpable, absolviendo a los castos inocentes, pues tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo coexisten promiscuamente sujetos de las dos especies y ninguno detenta la suficiente autoridad moral como para descalificar y condenar a mansalva, dado la imposibilidad de discernir diáfana y responsablemente entre bellacos y virtuosos.
Hoy lo que apremia es catequizar a aquellos políticos aficionados en torno a que, frente a los reveses peculiares del sinuoso arte que pésimamente practican, no cabe otra alternativa que aprender a negociar, ceder y recoger, el toma y daca de todo pacto o componenda política en que la paridad de fuerzas de los protagonistas reclama renunciamientos de las partes, visto que la tozudez y la intransigencia arruinan honrados proyectos de bienestar colectivo y desacredita a los testarudos actores que cavan así su propia fosa mortuoria.
Es menester que la clase política paraguaya, específicamente la neo oficialista, se sumerja en el espíritu y la letra del Art. 3 de la Constitución Nacional, DEL PODER PUBLICO. Una comprensión cabal de los términos de dicho apartado despejará las brumas de ciertos cerebros anquilosados que todavía entreven al Ejecutivo como la suma del gobierno en un país independiente.
Entendamos que ningún Estado soberano puede operar dentro del perímetro de la licitud si abjurare de uno de sus tres poderes constitucionales. Si tal percance se cristalizare nos precipitaríamos a la Dictadura, y la carta magna paraguaya declara la Dictadura fuera de la ley. Más explicaciones serán estériles redundancias.
El único mecanismo valedero para imponer castigos a los políticos que defraudan y se mofan de las esperanzas y expectativas de la comunidad, es por medio de las urnas, a sabiendas de que la inmensa mayoría de ellos, por no decir todos, tentarán la reelección y esa será la oportunidad en que el inerme ciudadano, en esa coyuntura armado con el voto libre y secreto, formulará su veredicto inapelable decapitando a unos y entronizando a otros.
De manera a evadir cualquier designio torcido que apunte diabólicamente sus dardos al corazón mismo de las instituciones republicanas consagradas en la ley fundamental, bueno sería contemplar, con sentido de compromiso patriótico, la eventualidad de someter al debate público la figura de la revocatoria de mandatos para los cargos de elección popular. Esto es nada más que una sugerencia válida para el caso de que se diere un llamado a Asamblea Constituyente para la reforma de la legislación matriz.
En síntesis, las reflexiones precedentes constituyen meras conjeturas pues hay una verdad incontrastable en todo este revoltijo político falto de consistencia: la potestad constitucional exclusiva para la convocatoria de un referéndum consultivo o vinculante, si jurídicamente procediere, corresponde a las cámaras de Senadores y Diputados reunidas en Congreso, conforme al Art. 259 del Código Electoral.
El Poder Ejecutivo como máximo podrá adoptar la iniciativa de peticionar el llamado a consulta popular vía referéndum, pero la decisión final es prerrogativa indelegable del Congreso. O sea, sería de necios especular que los potencialmente expuestos al sí o al no de los votantes incurrieren en la estulticia de ceder a los devaneos del contrincante.
Que esta bufonada engendrada para disfrazar ineptitudes e impotencias se volatilice cuantos antes. Urge arrinconar entre los trastos los líos ínter poderes que solaza al amarillismo, regocija al anarquismo y priva a la estoica y honesta sociedad de saborear con fruición los frutos de su propiedad, derecho ganado gracias al pago puntual de los impuestos que solventan salarios y alimentan el tesoro público.
